Aviso a navegantes

Editorial del diario DEIA
La sonrojante decisión de la Audiencia Nacional de obligar a reabrir la querella contra dos periodistas de DEIA por injurias al Rey supone una escandalosa sumisión y un intento más de cercenar la libertad de expresión y de crítica.

Todos los ciudadanos han podido comprobar a través de la prensa o la televisión informaciones, testimonios e imágenes elocuentes sobre la situación de la justicia en el Estado español. Jueces desbordados con causas pendientes desde hace años, juzgados en los que los expedientes se acumulan en grandes columnas de papel en cualquier pasillo, causas que se quedan en el limbo judicial, retrasos que obligan a dejar en la calle a delincuentes, funcionarios que a duras penas pueden tramitar los documentos... No se trata de opiniones o interpretaciones sobre una situación determinada.
El pasado mes de mayo, el Servicio de Inspección del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaboró un informe en el que los datos objetivos eran demoledores: los juzgados españoles acumulaban 269.405 asuntos pendientes de ejecutar a finales de 2007. Ahora serán más. Un colapso en toda regla sobre el que apenas se han tomado medidas para paliar sus efectos.
Pues bien, con este aterrador panorama, la justicia española se ha empecinado hasta límites sonrojantes en ocuparse de cuestiones, al parecer, más serias e importantes: sentar en el banquillo de los acusados a dos redactores de DEIA por el presunto delito de injurias al Rey.
Ambos periodistas se limitaron a realizar en un suplemento satírico de este periódico, Caduca Hoy, un fotomontaje sarcástico de Juan Carlos de Borbón a propósito de un hecho que en las fechas de publicación (octubre de 2006) había sido muy comentado en la prensa: la caza por parte del monarca español en Rusia de un oso al que previamente se habría emborrachado para hacerle presa más fácil.
Ante la sumisa denuncia presentada por el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, el juez Fernando Grande-Marlaska, tras su investigación, dictó, con buen criterio, un auto en el que decretaba el sobreseimiento libre y el archivo de la querella.
Sin embargo, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido ordenar al juez que reabra el caso, lo que supone, de facto, que habrá juicio oral contra los trabajadores de este diario. Poco sorprende ya de las decisiones y los entresijos de la justicia española. Pero es sencillamente escandaloso que un caso como éste pueda tener lugar en un país con problemas acuciantes. Que la Audiencia Nacional se ponga al servicio de la Monarquía para defenderla de supuestos ataques en los que nadie cree e intentar salvaguardar su "dignidad y honor" por unas expresiones "vejatorias y humillantes" publicadas en un suplemento de humor de un periódico vasco dice mucho del estado de la justicia y de la calidad de la democracia en el Estado español.
Este último intento de acallar las críticas sólo puede tener un objetivo: dar un aviso a navegantes, no vaya a ser que cunda la idea de que la libertad de expresión, además de un derecho formal, es para ejercerla. ¡Hasta ahí podíamos llegar!